Diversos acontecimientos ocurridos en los últimos años me han llevado a plantearme la pregunta que encabeza estas líneas. Lo cierto es que la muerte de Diana de Gales influyó de forma notable en la adopción de medidas contra las minas antipersonales a nivel internacional. El premeditado y alevoso asesinato de Miguel Ángel Blanco generó una amplísima respuesta en la sociedad española y en sus líderes políticos. Es posible que, en ese mismo momento, comenzara a gestarse el fin de la violencia etarra. El fallecimiento de los misioneros españoles en el centro de África desencadenó múltiples gestos de solidaridad en nuestro país. Los huracanes y tifones que han asolado y asolan centroamérica en las últimas semanas han producido reacciones análogas. ¿Será que sólo la muerte es ya capaz de conmovernos? Algo curioso ocurre con nuestro comportamiento social que merece una reflexión.

 Recuerdo que, con motivo de las huelgas de hambre que dieron carta de ciudadanía a la Plataforma 0,7, envié un artículo sobre las relaciones entre la ética y la economía a varios periódicos de alcance nacional, que no fue finalmente publicado. Este hecho no me sorprendió en modo alguno, pero sí el argumento utilizado por uno de los responsables de la sección de opinión a los que me dirigí. "¡Pero hombre!", me dijo, "¿Es que no te has enterado de que la huelga de hambre ha terminado ayer?". Estuve tentado de responderle: ¿Es que ya se ha resuelto la tragedia del hambre en nuestro planeta? No lo hice. Pero lo cierto es que le comprendí perfectamente: que 1.500 millones de seres humanos se encuentren en el límite mismo de la supervivencia no es noticia, es su destino. Noticia es que peligre la vida de quienes no habían sido condenados por la maldición de la pobreza y ponían en juego su salud para dar un aldabonazo en nuestras conciencias.

 Si no me equivoco demasiado, en la actualidad la dinámica social sigue muchas veces un esquema repetido. Existen múltiples conflictos y tensiones en el planeta (o en nuestra sociedad) que nos son desconocidos y ante los que no se adopta ningún tipo de actuación. Sin embargo, alguna de esas situaciones anónimas se convierte en "real" cuando los medios de comunicación pasan a considerarla "acontecimiento" o "noticia". Para que ello ocurra deben darse algunas de las siguientes circunstancias: a) que el problema afecte a los intereses de los grupos sociales y países más poderosos del mundo (que se empeñarán en destacar que "su" problema es un problema para "todos"); b) que el suceso posea un carácter trágico, morboso o sea padecido por alguno de nuestros compatriotas, en especial si son famosos; c) que, en ese momento, no se disponga de "grandes noticias" y haya que inventarlas o que recurrir a las de "segunda división".

 Esta dinámica, alimentada por la búsqueda de rentabilidad, distorsiona gravemente la capacidad informativa de los medios en varios sentidos: las malas noticias venden más que las buenas; no se refleja la realidad sino sus aspectos más anecdóticos; el punto de vista de los débiles suele ser casi siempre ignorado o tratado de forma tópica; la dictadura de la actualidad impide el análisis riguroso de los acontecimientos, etc. Semejante sesgo informativo, unido a la avalancha de datos y hechos que pasan fugazmente ante nuestros ojos, tiene graves consecuencias sociales y políticas. Al fin y al cabo, los líderes políticos tienen muy en cuenta a la opinión pública y ésta es fuertemente influenciable por la prensa, la radio y, sobre todo, la televisión.

 Por lo que se refiere a la desoladora realidad de los empobrecidos del mundo y su tratamiento informativo, el influjo de los medios suele provocar en la mayoría de los ciudadanos sentimientos de dolor y compasión, aunque también reacciones defensivas de autojustificación o culpabilidad. Casi nunca la interpretación de las noticias del Sur ha impulsado un análisis crítico del Orden Internacional vigente ni, menos aún, una respuesta política. Así, la reacción emocional de la sociedad suele traducirse en un aumento de las aportaciones a las ONGs y sus campañas. Los políticos saben pronunciar algunas tibias palabras referidas genéricamente a la solidaridad cuando, al calor de la última desgracia, la opinión pública demanda una estrategia más ambiciosa en la política de cooperación para el desarrollo. Sabiendo que la solidaridad internacional es costosa y contraria a nuestros intereses economicistas a corto plazo, los gobernantes dejan pasar el tiempo suficiente para que la demanda social se enfríe y, finalmente, reducen al mínimo la aplicación efectiva de las medidas prometidas. El sorprendente resultado práctico de las movilizaciones a favor del 0,7 (que condujo al hoy casi olvidado e incumplido "pacto por la solidaridad") o la lamentable indiferencia con la que se ha discutido y aprobado la Ley de Cooperación hace unos meses son claros ejemplos de lo señalado.

 No debemos llamarnos a engaño. El intento de promover una cultura de la solidaridad a nivel mundial choca contra intereses e inercias muy poderosos. Quienes consideran que la erradicación de la miseria generalizada y la creación de un orden económico internacional más justo son tareas absolutamente prioritarias para la humanidad, han de ser conscientes de la envergadura de los retos a los que se enfrentan. La sociedad española es sensible a la desgraciada situación en que viven numerosos seres humanos, pero desea mantener su modo de vida sin merma del poder adquisitivo y prefiere desconocer los factores y mecanismos que reproducen la desigualdad y la pobreza, a tener que asumir ciertas responsabilidades colectivas. Como es obvio, esta actitud conservadora se encuentra mucho más acentuada en los grupos de poder económicos y financieros que condicionan la marcha de la economía mundial. Por su parte, los medios de comunicación social se caracterizan, actualmente, más por contribuir a la evasión de la realidad de los ciudadanos y a la provocación de experiencias intensas, que por facilitar información objetiva y contribuir al análisis de los fenómenos que afectan a la mayoría de la población mundial. Finalmente, en el terreno político no puede olvidarse que los principales interesados en que se produzca un cambio profundo de las relaciones económicas internacionales son aquellos que no pueden votar en nuestras elecciones y que, por ello, difícilmente van a lograr que sus demandas sean recogidas por los responsables políticos.

 La magnitud de los retos mencionados no debería, sin embargo, hacernos olvidar tres argumentos favorables a la solidaridad. En primer lugar, existe en muchos de nuestros conciudadanos una capacidad ética suficiente como para reconocer el imperativo moral de apoyar las demandas de las víctimas del sistema vigente. En segundo lugar, en un contexto de creciente globalización, parece claro que el desarrollo socioeconómico del Sur podría conllevar numerosas ventajas para el Norte y, este hecho, podría dinamizar nuevas iniciativas de colaboración entre países desarrollados y subdesarrollados. Existe, por último, un argumento que, a pesar de su relativa ruindad moral no deja de ser cierto: es muy dudoso que a medio y largo plazo pueda mantenerse el relativo bienestar del Norte si el Sur se hunde en el abismo de la miseria y la inestabilidad política. Siempre se ha dicho que "más vale prevenir" y que "rectificar es de sabios". Ya va siendo hora de que apliquemos estos criterios de sentido común al irracional (colectivamente hablando) modelo de desarrollo vigente.

Pedro José Gómez Serrano 
Profesor de Economía Mundial del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo
Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Foro Norte-Sur
 

Los gobiernos occidentales suelen presentar la ayuda oficial para el desarrollo económico de los paises del Tercer Mundo como la solución tan buscada al problema de la inmigración. Mientras que en la década de los 60 las empresas de Europa central incluso pagaban el billete de avión de aquellos extranjeros que iban a trabajar en sus fábricas, ahora, cuando la misma Europa cuenta con millones de parados, un aumento preocupante de los grupos de extrema derecha y una reducción presupuestaria, el discurso oficial está cambiando.
Todos los portavoces oficiales afirman, con convicción, que el gobierno desea integrar a los inmigrantes que ya se encuentran de forma legal en el territorio nacional. Pero con mayor convicción y ardor proclaman su determinación de limitar la entrada de nuevos inmigrantes y aumentar las expulsiones de ilegales. Para ello esperan que los gobiernos del Sur acepten participar en un desarrollo económico que tenga como resultado final el bienestar y la '”sedentarización" de las gentes de esos países. En términos diplomáticos eso se dice de la siguiente manera: 'controlar y organizar los flujos migratorios" (1). Esta forma de hablar esconde una realidad más compleja y sutil de lo que parece.
Y es que la teoria de la ayuda oficial al desarrollo mezcla las consideraciones económicas con la justificación de operaciones policiales contundentes. Además la teoria del "control de los flujos migratorios" puede significar o "1nmigración cero" o también "contingente temporal autorizado'.'.. Es dificil convencer a los gobiernos del Sur de la sincendad de esta política de desarrollo cuando se perciben simultáneamente dos hechos contradictorios: el carácter "defensivo" de la totalidad de las legislaciones occidentales sobre la inmigración y la reducción de los presupuestos de los ministerios responsables de esta famosa ayuda oficial al desarrollo.
Los 10 paises firmantes del espacio de Schengen (entre los que se encuentra España) ya están intentando crear un primer “filtro de protección” mediante acuerdos con paises clave. Nuestro país; por ejemplo, firmó en febrero de 1992 un acuerdo con Marruecos por el que las autoridades de este Estado se comprometían a aceptar a todos los extranjeros que habiendo transitado por Marruecos, hubieran entrado ilegalmente en España. Casi cuatro años después, en diciembre de 1995, Rabat aceptó a los primeros 65 inmigrantes subsaharianos. Durante este tiempo nuestro vecino del sur consiguió mejoras en la situación de sus súbditos en España y en la reducción de la deuda externa (2). Ahora el gobierno español está buscando un acuerdo similar con Argelia (3). Pero esta estrategia cuesta cara:
Madrid tuvo que pagar 50.000 dólares a Guinea-Bissau a cambio de la admisión de 50 africanos que entraron clandestinamente en nuestro país (4). En tiempos de reducción del déficit estos desembolsos son muy criticados. Por eso, lo mejor es aumentar la vigilancia en las playas y no conceder visados de entrada a gente que (quizás) un día serán ilegales y, por tanto, candidatos a la (onerosa) expulsión. Gran Bretaña y los Países Bajos saben también que cuesta menos un "competente y celoso" funcionario en las embajadas de los paises pobres que la repatriación de los inmigrantes (¡Holanda tuvo que pagar 1.250 millones de pesetas para la readmisión de 800 etíopes en septiembre de 1997!).
La idea según la cual se quiere influir en las causas de la migración (la pobreza y la falta de perspectivas) tendria mas credibilidad si la ayuda oficial para el desarrollo no estuviese disminuyendo cada año un poco más... y si no pareciese estar condicionada por otros intereses.
El programa francés ”Desarrollo y Migración", intenta, en una zona tan sensible como la cuenca del rio Senegal, “ayudar a los inmigrantes que vuelven a su tierra y quiere que los que se quedaron allá se estabilicen en ella" Pero su presupuesto es irrisorio: 125 millones de pesetas para tres años. Marruecos, Argelia y Túnez son los países que aportaron el mayor número de inmigrantes en Francia, en los últimos años, pero, paradójicamente, no se benefician de la mayor parte de la ayuda oficial. Con respecto a África Negra la prioridad fue acordada a Gabón (donde los intereses de la compañía petrolifera francesa Elf son enormes), ¡y sin embargo hay diez veces más súbditos de Mali en Francia que ciudadanos de Gabón!
Para que un inmigrante sea expulsado de España, por ejemplo, hay que contar con el acuerdo del país que va a recibirlo (ya sea el suyo o no). Esto lo saben los "clandestinos" y muchos evitan facilitar cualquier información que pudiera ayudar a la policía en este aspecto. Por eso, a veces, el ministerio del interior debe convencer a sus homólogos del sur para que colaboren, prometiendo planes de ayuda oficial para el desarrollo o, como ha hecho el ministro de asuntos exteriores de Alemania, K'aus Kinkel (5), amenazando con suprimir la ayuda oficial para el desarrollo a aquellos paises que se negaran a readmitir a sus ciudadanos expulsados. Es la vieja fábula del asno al que se hace ir a donde uno quiere o bien ofreciéndole una zanahoria o dándole, un estacazo en la grupa.
El deseo de limitar la llegada de inmigrantes se acompaña, a menudo, de políticas para incentivar (económicamente) la vuelta a casa. En Francia, desde 1984, se ofrece casi medio millón de pesetas (20.000 FF) a cualquier inmigrante que desea volver a su patria. Sin embargo esta medida no produjo los frutos esperados: en 1984 un total de 550 se beneficiaron de la ayuda pública a la reinserción propuesta a los inmigrantes parados o despedidos; en 1993 sólo una persona solicitó dicha ayuda (6). otra variante de esta estrategia es la de proponer un trabajo en el país de procedencia para los inmigrantes que acepten el regreso voluntariamente; así fue como el ministro del interior francés Pasqua (partidario de la "inmigración cero'), propuso en su tiempo a los ilegales de París que volviesen a Senegal como técnicos de mantenimiento de las motobombas y de los molinos de las cooperativas rurales. Sólo diez senegaleses se acogieron a esta medida...
Y es que el elemento económico es sólo un aspecto de los muchos que condicionan o provocan las migraciones. En el sudeste asiático el crecimiento de la economia no ha estabilizado automáticamente a las poblaciones de esos paises. La complejidad de los procesos migratorios nos impiden adelantar la solución única (y mágica) para interrumpirlos.
 
 

José Mª Cantal Rivas
CIDAF

 El 23 de abril, mientras todos los Medios seguían las pericpecias de la recta final en las Primarias del PSOE, un pequeño recuadro reflejaba la aprobación por el Congreso de la Ley de Cooperación. Desde hace una década, los grupos sociales comprometidos con el Tercer Mundo venían reclamando este Ley que, previsiblemente, entrará en vigor el verano próximo, tras su paso por el Senado. Aunque unas pocas voces, como la Plataforma 0,7 y algunas ONGD venían denunciando las carencias y perversiones en el texto del Proyecto de Ley, al final hubo algunos retoques y, con la escepción de IU y el Grupo Mixto, parece que todo el mundo ha quedado conforme.
 España que, hasta hace bien poco, era receptora de ayudas al desarrollo, apenas tiene tradición en darla a otros países. La Ley de Cooperación responde a un vacio normativo en nuestra política de cooperación internacional que, hasta ahora había seguido una trayectoria errática y, por falta de un modelo claro, se había ido llenando de vicios:

*  Incoherencia entre los objetivos planteados de ayuda al desarrollo de los países más pobres y una práctica que primaba la orientación comercial de esas ayudas ( haciendo de China o Indonesia los principales beneficiarios ) o camuflaba tras los créditos FAD la apertura de nuevos mercados que incluían la exportación de nuestras armas.
*  Arbietrariedad política que ha ido fijando las partidas en función de intereses electorales sin continuidad ni planificación, retrasando año tras año la mejora en la cantidad ( todavía estamos a menos de la mitad del 0,7 comprometido) y, sobre todo, en la calidad ( se contabiliza como ayuda al desarrollo el mantenimiento de las tropas en Bosnia o, en otro nivel administrativo, los albergues para mendigos de algunos ayuntamientos).
*  Guerra sorda entre el Ministerio de Economía y el de Exteriores para controlar la gestión y la orientación de las accioes ( al final, quien paga manda y Economía se llevaba la parte del león, imponiendo sus criterios comerciales) y descoordinación absoluta entre la Administración Central y la Autonómica o Municipal, con lo que se hacía imposible el control y la evaluación.
*  Indefinición del papel de los agentes sociales (ONGD) que, a veces, han ajercido de tontos útiles. (La Administración prefiere la intermediación de organizaciones cuya subvención puede eliminar de un plumazo -sin mayores consecuencias- que los acuerdos bilaterales con otros gobiernos que requieren más compromiso).

 La Ley de Cooperación llena algunos de estos vacíos dándole a las Cortes el papel de controlar y evaluar las ayudas españolas al desarrollo, estableciendo planes cuatrienales que permitan una continuidad en los proyectos y creando una comisión interterritorial para coordinar los distintos esfuerzos. La Ley reconoce, también, la función de los agentes sociales aunque de una forma muy parcial.
 Sin embargo, tras saludar como positivo el hecho de que, finalmente, haya una Ley y reconocer los avances que implica sobre la situación anterior, nos quedan algunas objeciones de fondo:

* La orientación global de la Ley no elimina el carácter fundamentalmente comercial y economicista de nuestrs Cooperación. Se pretende un desarrollo, pero ¿qué desarrollo y de quién? El artículo 3 incluía entre los objetivos de la cooperación “impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo”; a última hora y como una transacción política se anadió “desde la coherencia con los principios y demás objetivos de la cooperación. Cuando algo tan esencial se añade a regañadientes es de temer que, en los reglamentos que desarrollen la Ley se acabe imponiendo el sentido primitivo que no consideraba el desarrollo de los países más pobres, sino pura y simplemente el desarrollo de nuestros mercados exteriores.
* Esta Ley que se viene gestando desde el verano pasado, no ha producido ningún debate social. Tras las explosiones emocionales y masivas de las acampadas del 0,7 o de las ayudas puntuales a las catástrofes de turno, no parece existir un interés real por las condiciones de la Ayuda Oficial al Desarrollo que, sin embargo, en los veinte años de créditos FAD ha repartido un billón de pesetas y pronto puede mover medio billón de pesetas anuales. Ni los medios de comunicación ni los grupos con más conciencia solidaria han participado en una Ley que, al final, se ha negociado en la semiclandestinidad de los grupos parlamentarios.
* La cooperación española puede haber quedado sancionada por ley como instrumento al servicio del Mercado. Las ONGD han callado, quizás mirando de reojo su trozo en el pastel de las subvenciones. El silencio social ante este proceso quizás sea el síntoma más grave de lo fuerte que puede ser el euro y de lo sólos que están los pobres.